Miércoles, 27 Abril 2016 16:46

Sociedad Uruguaya de Pediatría. "Universalizar el derecho a los tratamientos de rehabilitación y educativos a través de las “Ayudas Extraordinarias” del BPS a todas aquellas personas que las requieran". Resumen Ejecutivo

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Grupo afectado:
Niñas, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad y/o alteración del desarrollo.

Problema que solucionaría:
Imposibilidad de acceder a tratamientos de rehabilitación y educativos para un grupo importante de la población.

La mayoría de las instituciones prestadoras de servicios de salud no brindan los tratamientos que corresponden o lo hacen por un período insuficiente. Frente a esta realidad, existe una posibilidad de acceder a los mismos a través de las “Ayudas extraordinarias” (AYEX) del BPS. Las AYEX son “una prestación económica destinada a contribuir con la rehabilitación bio-físico-pisco-social, laboral y educacional del beneficiario con discapacidad y/o alteraciones en el desarrollo” (Reglamento sobre Ayudas Extraordinarias, BPS, 2015).

El problema es que las AYEX vulneran el “Principio de igualdad” del derecho a la atención de la salud. Este principio establece que “todas las personas, sin excepción alguna y sin distinción de ninguna especie, han de gozar de la misma protección a sus derechos. Lo que no obsta a que grupos de personas que se encuentren en situación de particular vulnerabilidad requieran de acciones concretas por parte del Estado, tendientes a brindarles una especial protección, con el objeto de colocarlas en un plano de igualdad efectiva con respecto a las demás personas en el pleno ejercicio de sus derechos” (Guía: Los Derechos de niños, niñas y adolescentes en el área de la Salud).
Sin embargo, las AYEX están restringidas a los hijos de trabajadores dependientes, jubilados y pensionistas de la actividad privada porque el BPS otorga las AYEX a los beneficiarios de Asignaciones Familiares (Ley 15.084). También cuentan con AYEX los beneficiarios de pensión por invalidez y los pacientes del DEMEQUI (BPS).
Esto implica que, por ejemplo, un niño con un retraso del desarrollo o un trastorno del lenguaje tiene derecho a recibir tratamiento fonoaudiológico si su madre es maestra y trabaja en una escuela privada pero no tiene ese derecho si ella trabaja en una escuela pública. O tiene ese derecho si su madre es enfermera y trabaja en una mutualista o seguro privado pero no si desempeña su actividad en ASSE. Lo mismo ocurre con los niños con dificultades de aprendizaje, incluyendo aquellos con dislexia o discalculia, que requieren tratamientos pedagógicos especializados.

La inequidad es peor porque existe un grupo de trabajadores estatales cuyos hijos sí tienen estos derechos: los hijos de los trabajadores del BPS, que por una extraña lógica, gozan en exclusividad de este privilegio a nivel estatal (Reglamento General de Ayudas Extraordinarias, 2015).

Resultados esperados y/o beneficios que arrojaría:

La atención de calidad de los niños y las niñas con alteraciones en el desarrollo se basa en el diagnóstico precoz y en habilitar una intervención oportuna que disminuya la repercusión de dicha alteración en el desarrollo del niño en la etapa de mayor plasticidad cerebral. Además de la orientación a los padres y a los centros educativos, en la mayoría de los casos está indicado un abordaje de estimulación del desarrollo en base a tratamientos de fisioterapia, fonoaudiología, psicomotricidad, etcétera.

Cuando no se accede a ellos en forma oportuna y adecuada, las alteraciones del desarrollo se consolidan, limitando las chances de poder desarrollar todo el potencial de cada persona, con las graves consecuencias de fracaso y abandono escolar y liceal, problemas de comportamiento, dificultades en la participación social.

Visto 531 veces Modificado por última vez en Jueves, 02 Junio 2016 15:23